A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, se plantea la posibilidad de la reclamación de la conocida como “plsuvalía” en caso de la venta con pérdida de un bien inmueble.

 ¿Qué es la plusvalía? 

La denominada plusvalía es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que es un tipo de impuesto que grava el valor de un bien inmueble de carácter urbano.

 Los Ayuntamientos son los encargados de la gestión de este impuesto, que grava el incremento de valor de un terreno urbano cuando se transmite por cualquier título su propiedad  (herencia, compraventa, donación, etc.).

 ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto?

 En caso de la transmisión sea a título gratuito, a través de donación, por ejemplo, el sujeto pasivo será el adquirente o persona en cuyo favor se transmita el derecho real.

 En caso de que sea a título oneroso, como una compraventa, el sujeto pasivo será el transmitente del bien.

 Las partes pueden llegar a un acuerdo sobre quién ha de abonar dicho impuesto, pero en caso de que ninguna de las dos lo abone, la Administración actuará sobre quien legalmente sea el sujeto pasivo.

 ¿Cómo se calcula este impuesto?

 Para el cálculo de este impuesto se ha de multiplicar el valor catastral del terreno por el coeficiente que le asigna el ayuntamiento y por el número de años transcurridos desde la adquisición.  Este resultado se multiplica por el tipo de gravamen que esté en vigor en el Ayuntamiento en el que se encuentra la finca.

 ¿Cuál es el problema a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional?

 Radica éste en que hasta el inicio de la última crisis financiera en España, los inmuebles se compraban por un precio y posteriormente se vendían por otro superior, por lo que la plusvalía era siempre positiva.

 A raíz de este hecho, ha ocurrido justamente lo contrario: se han vendido por menos cantidad de la que se adquirieron en su día, lo que supone una pérdida de dinero.

 Aún así, los Ayuntamientos seguían cobrando este impuesto. Por lo que sentencia del Alto Tribunal viene a corregir este hecho, pues no es lógico que si se vende un bien con pérdidas, haya que abonar un impuesto como si se hubiera ganado dinero con la operación.

 ¿Se puede reclamar este impuesto? ¿Cuál es el plazo?

 Si se ha presentado el modelo y calculado el impuesto, el plazo es de 4 años. Si sólo hay propuesta de liquidación, se pueden realizar alegaciones contra la misma y continuar con el trámite. Si se ha producido la liquidación provisional, el plazo será de un mes contado desde el día siguiente de la notificación.

 En caso de que no exista incremento real del valor del bien inmueble,  el sujeto pasivo no debe pagar importe alguno por este impuesto.

Si se ha pagado la plusvalía, se debe presentar escrito de solicitud y rectificación de ingresos indebidos en el Ayuntamiento en el que se encuentra la finca.

 Si no hay respuesta o deniegan la devolución, se debe interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de 30 días. El primero es potestativo, por lo que es posible prescindir de el e interponer directamente la reclamación económico-administrativa.

 Si la respuesta vuelve a ser negativa, se agota la vía administrativa y se abre la judicial, por lo que en el plazo de 2 meses se presenta recurso ante el orden contencioso-administrativo.


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Publicado: 24 de Marzo de 2017